El propósito de esta ley es incentivar el crecimiento de las microempresas y de los pequeños y medianos comerciantes, acelerando y simplificando el proceso de obtener los permisos necesarios para operar, reforzando la política de reserva de compras del gobierno para las PYMES, proveyéndole prioridad en el otorgamiento de fondos discrecionales del Estado para subsidiar el pago de nómina de nuevos empleos o de empleos existentes, entre otras medidas adicionales.

La Ley 62 establece las siguientes definiciones:

  • Microempresa – se refiere a un negocio o empresa que genera un ingreso bruto menor de $500,000 cada año y tiene 7 empleados o menos.

 

  • Pequeño Comerciante – es aquel negocio o empresa que genera un ingreso bruto menos de $3 millones anuales y que tiene 25 empleados o menos.

 

  • Mediano Comerciante – se denomina como un negocio o empresa que genera ingreso bruto de menos de $10 millones cada año y que tiene 50 empleados o menos.

 

Se crea la “Junta de Apoyo para las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes de Puerto Rico”. La Junta estará compuesta por el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Presidente de la Junta de Planificación (JP), el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), un microempresario con no menos de 10 años de experiencia y que pertenezca a un grupo o asociación bonafide, un pequeño comerciante con no menos de 10 años de experiencia y que pertenezca a un grupo o asociación bonafide, y un mediano comerciante con no menos de 10 años de experiencia y que pertenezca a un grupo o asociación bonafide. Los representantes de las microempresas, y pequeños y medianos comerciantes serán nombrados cada uno por el Gobernador, el Presidente de la Cámara de Representantes, y el Presidente del Senado.

La Ley 62 asigna a la Junta varias funciones, entre las que se destacan: (1) Hacer recomendaciones al Gobernador y Legislatura que propicien el desarrollo económico; (2) Fomentar y facilitar la coordinación intersectorial con el gobierno central y municipal; (3) Notificar al Gobernador y la Asamblea Legislativa el incumplimiento por parte de cualquier organismo gubernamental con los términos de esta ley, entre otros. Además, la Junta deberá rendir anualmente un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre las PYMES como componente de la economía local.

Otra de las medidas importantes de esta ley se establece a través de las enmiendas que introduce a la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”. En esencia, se viabiliza la concesión de permisos de usos condicionales, inmediatos o temporeros a negocios que no representan riesgo para la salud, ambiente, y seguridad. Por lo cual, se estima que un grupo significativo de microempresas, pequeños y medianos comerciantes puedan beneficiarse de este nuevo proceso. Todo comerciante que cualifique y lo solicite ante la OGPe, se le concederá un permiso de uso condicional que será expedido en un término de un día laborable y le permitirá iniciar sus operaciones inmediatamente. El permiso será temporero, pues el comerciante deberá completar los requisitos para el permiso de uso permanente en un periodo de 6 meses a partir de que se le concedan el permiso de uso condicional.

Por otro lado, también se enmienda la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” a los efectos de requerir un estudio de impacto económico regional como parte del trámite de obtener el permiso de uso, en el caso de establecimientos comerciales de ventas al detal o al por mayor con un área de venta y almacén de más de 65,000 pies cuadrados o establecimientos dedicados a ventas al detal de mercancías mixtas con un área de venta y almacén de más de 15,000 pies. El estudio debe medir el impacto neto del establecimiento comercial sobre las condiciones económicas del área bajo estudio para evitar el posible menoscabo económico en esa área. Una vez sometido el estudio de impacto, éste será evaluado por la JP, la OGPe y la CCE. Basado en los resultados del estudio, se le podrá requerir al proponente que incorpore medidas para mitigar los impactos negativos identificados en el estudio por medio de pagos por impacto (impact fees), o medidas dirigidas a delimitar el pietaje máximo u otros aspectos negativos del proyecto propuesto. La Junta de Planificación, en coordinación con la OGPe y la CCE emitirá reglamentación que establecerá los requisitos, parámetros y disposiciones que debe de contener el estudio de impacto.

Los nuevos empresarios de PYMES ahora también tienen la opción de acogerse al Programa de Renta Preferencial que le otorga la Ley 62, mediante el cual podrán arrendar propiedad elegible de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico por un canon anual de $1 durante los primeros 2 años del arrendamiento; luego de los 2 años pagarán el canon prevaleciente al momento de la firma del contrato de arrendamiento. Para beneficiarse del Programa de Renta Preferencial, los empresarios deberán cumplir con ciertos requisitos, incluyendo un compromiso de creación de empleos.

Otra disposición de gran transcendencia para las llamadas “PYMES” es las enmiendas e incisos que se presentan a la “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las cuales se le requiere al Gobierno de Puerto Rico y a sus instrumentalidades asignar un mínimo de 20% del total de su partida presupuestaria de compras a las microempresas y pequeños y medianos comerciantes. El gobierno central, municipal y las instrumentalidades cuentan con un plazo máximo de 30 días para realizar el pago a las PYMES. De incumplirse con el porciento requerido de asignación para compras a PYMES, el Departamento de Hacienda está facultado para retener 1% del presupuesto general de cualquier entidad gubernamental que no cumpla con esta disposición.

Además, se enmiendan algunas disposiciones de la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico” para establecer una reserva de 60% para las PYMES al momento de otorgar subsidios al sector privado, los cuales se utilizan para la creación de un programa de oportunidades de trabajo y adiestramiento en el sector público y privado que deberá de incluir a personas de edad avanzada. Para que un comerciante pueda beneficiarse de este fondo, el solicitante tiene que estar registrado en una Oficina del Servicio de Empleos Ahora de Puerto Rico.

A los fines de implementar las disposiciones de la Ley 62, la cual entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación (excepto lo referente al Programa de Renta Preferencial, que entrara en vigor una vez finalice la vigencia de la Ley 1 de 2013 “Ley de Empleos Ahora”), la Junta de Apoyo a Microempresas y Pequeños y Mediano Comerciantes deberá promulgar las guías para viabilizar la implementación de la Ley. De igual manera, la CCE, el DTRH, la JP y la OGP deberán adoptar la reglamentación necesaria en un término no menor de 60 días.

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